El secretario general de Política Territorial y Comunitaria del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta, indicó este jueves que 2.700.000 pequeñas y medianas empresas dejarán de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) a partir del 1 de enero del 2003.

Beteta hizo estas declaraciones antes de pronunciar la conferencia "La evolución del mapa fiscal territorial" en la segunda edición del Foro Alicante 2002 sobre financiación territorial en el marco de la UE que, organizado por Suma Gestión Tributaria, se desarrolla en Altea hasta mañana. Explicó que el objetivo de esta medida es favorecer el empleo en estas empresas, que generan actualmente alrededor del setenta por ciento del mismo, de manera que los municipios puedan beneficiarse de los ciclos económicos positivos

El responsable de Hacienda aseguró que las corporaciones locales tendrán garantizada una financiación equivalente a la que obtenían mediante la recaudación del IAE a la vez que sostuvo que no se contempla la creación de nuevos tributos. La nueva Ley Reguladora de las Haciendas Locales será, a su juicio, amplia y posibilitará que en función de las opciones políticas se delimite en qué ayuntamientos conviene sustituir el IAE por otras cuestiones y en cuales conviene bajar la presión fiscal.

En este sentido, Beteta precisó que esta supresión parcial del IAE era un compromiso del Gobierno, pero que también lo es que el conjunto de las corporaciones locales mantenga una financiación "adecuada y suficiente". Para ello, el Ministerio analizará y retocará las figuras tributarias para que la financiación no se resienta y las personas no pasen a pagar lo que antes pagaban las empresas, explicó.

Las opciones políticas que se presenten a las próximas elecciones municipales ofrecerán a los ciudadanos bajar los impuestos u ofrecer más servicios para lo que necesitarán una mayor financiación. Aseguró que ambas posturas tendrán cabida en la nueva norma porque el Gobierno es "profundamente respetuoso" con la autonomía local y con el compromiso de que esta ley sirva para todos.

Beteta abogó asimismo por que las corporaciones locales asuman una mayor corresponsabilidad fiscal y participen en los grandes tributos del Estado- IRPF, IVA e Impuestos Especiales- ya que actualmente los ayuntamientos financian entre impuestos directos, indirectos y tasas el 49 por ciento de sus recursos presupuestarios, mientras que las comunidades autónomas superan el sesenta por ciento.

El Ministerio y el sector local decidirán en próximas negociaciones si esta participación deben asumirla todos los ayuntamientos o sólo los más importantes, según Beteta, quien dijo que Hacienda posee soluciones técnicas para ambas posibilidades. El director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, se refirió a los nuevos escenarios de colaboración entre las entidades financieras y la Administración local en el marco de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en el que instó al desarrollo de la imaginación por parte de ambas.

En su opinión, el nivel de endeudamiento local en general no es elevado ni desbordante ya que no ha precisado de financiación adicional en los últimos cinco años, si bien su estructura debería derivar del corto o medio plazo al largo, para lo que destacó la emisión de bonos como un instrumento útil de cara al futuro.

Por otra parte, las restricciones que impondrá la Ley de Estabilidad Presupuestaria a la capacidad de endeudamiento requerirá, a su juicio, una gama más amplia y sofisticada de productos financieros que se adapten mejor a su nueva situación para facilitar a los ayuntamientos continuar con su proceso inversor. Aseguró que los programas de reestructuración de deuda para lograr un déficit cero sin cortar drásticamente las inversiones son factibles e instó a las corporaciones locales a mantener una estrecha colaboración con las entidades financieras